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Esta investigación parte de un marco teórico que considera al cine en dos aspectos, por un lado, como instrumento de entretenimiento, y por el otro de opresión simbólica con repercusiones políticas; un aporte a la legitimación de “el orden dado de la situación de pobreza cultural”. El supuestamente inmutable “orden dado” es un mecanismo más para reproducir las relaciones de dependencia, en este caso en el campo de la cultura. Éste proceso consiste en la construcción de una realidad que se presenta como “único modelo válido”, no siendo más que una “construcción cultural dentro de un sistema político, económico y cultural dominante”. A partir de estas cuestiones, se aborda el análisis sobre la posición del Estado a la hora de cumplir su función ante las producciones cinematográficas locales, y en consecuencia, sobre las políticas culturales vigentes. En el planteo de los autores, “acaso el arte más rico sea aquél que enriquece nuestra concepción sobre el mundo, lo complejiza y pone de manifiesto sus contradicciones”.